ACN se suma al llamamiento de los obispos mexicanos en favor de la libertad religiosa

Los obispos católicos de México han conmemorado el centenario de la «Ley Calles», que impuso restricciones a la vida de la Iglesia y sometió el ministerio sacerdotal al control del Estado en México, con un mensaje titulado «Las campanas de las iglesias callaron; su sangre habló» y subtitulado «En memoria de nuestros mártires, la libertad religiosa y la construcción de la paz».

La ley entró en vigor el 31 de julio de 1926 y, tal y como recuerdan los obispos mexicanos, «ante la imposibilidad de ejercer libremente su ministerio», sus predecesores decidieron suspender el culto público en todas las iglesias del país. «Al amanecer del 1 de agosto de 1926, México se despertó sin misas públicas: las iglesias permanecían abiertas y en silencio, custodiadas por los propios fieles. Así comenzó uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia», explican.

El texto rinde homenaje al testimonio de los mártires, que murieron perdonando a sus verdugos, y subraya que aprendieron «a un precio muy alto» que «la libertad religiosa no es un privilegio del clero, sino un derecho de todo ser humano, y que su negación siempre acaba costando sangre».

Una misa en memoria del P. Joaquín Mora y el P. Javier Campos, asesinados en 2022 presuntamente por miembros de un cártel de la droga. Crédito de la foto: Compañía de Jesús (Jesuitas) de México

Aunque reconocen las reformas legislativas y las medidas positivas que se han adoptado desde entonces, afirman que, en la actualidad, México sigue sin gozar de plena libertad religiosa. Según los obispos, «persisten restricciones que no son propias de una democracia madura».

Citan, por ejemplo, « restricciones a la práctica religiosa ordinaria fuera de los lugares de culto, la imposibilidad de que las asociaciones religiosas obtengan licencias de radio y televisión, restricciones a la libertad de los padres para elegir la educación religiosa de sus hijos ante la imposición de modelos educativos no consensuados, y una actitud por parte de la clase política que no ha sabido asimilar la nueva cultura constitucional de libertad religiosa, lo que perpetúa un clima de desconfianza e impide a los creyentes defender y vivir sus creencias en la esfera pública».

Pero es «aún más grave cuando el Estado permite que el crimen organizado se convierta en un gobierno paralelo que controla territorios, donde se pisotean todos los derechos humanos», continúan. «Secuestra, extorsiona, asesina y distorsiona la conciencia de los jóvenes. Este clima de violencia generalizada afecta a toda la sociedad y también impide que algunas comunidades practiquen libremente su fe. La sangre de los sacerdotes asesinados mientras ejercían su ministerio —entre ellos nuestros hermanos jesuitas de Cerocahui, el padre Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas y otros— demuestra que la lista de mártires no terminó en 1929».

Esta preocupación se ve reflejada en las conclusiones del Informe sobre la Libertad Religiosa 2025, publicado por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN), que destaca específicamente un aumento de la discriminación religiosa en México a causa del crimen organizado. «Se ha asesinado a sacerdotes por denunciar la violencia o por negarse a colaborar con grupos armados», afirma el informe.

Solo entre 2023 y 2024, tres sacerdotes fueron asesinados y se registraron cinco casos de agresión con agravantes. A lo largo del mandato de seis años del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 2024, 10 sacerdotes fueron asesinados y otros 10 fueron víctimas de actos de violencia. Durante el mismo periodo, se registraron cerca de 900 incidentes de extorsión —entre ellos secuestros, robos e intimidaciones— contra miembros de la Iglesia, además de una media de 26 ataques y actos de profanación contra lugares de culto cada semana.

El informe señala que, en la actualidad, «ante la falta de acción por parte del Estado, en las zonas dominadas por el crimen organizado, los líderes religiosos alzan la voz contra la violencia y asumen el papel de protectores de sus comunidades. Esto los convierte en objetivos, con el fin de infundir miedo y silenciar a los habitantes de estas localidades, lo que a su vez permite a los grupos criminales seguir traficando con armas y drogas».

La promoción y la defensa de la libertad religiosa es uno de los pilares fundamentales de la labor de ACN, y la fundación respalda a los obispos mexicanos en su llamamiento al Gobierno. ACN tiene actualmente en marcha una petición titulada «Proteged el derecho a creer: un llamamiento mundial por la libertad religiosa», dirigida a los líderes mundiales, en la que se insta a reforzar la protección y la promoción de este derecho humano fundamental. El texto completo de la petición puede consultarse aquí, y puede firmarse aquí.

– Javier Martínez-Brocal