Pakistán: petición al gobierno para que ponga fin al matrimonio forzado y a la conversión de mujeres y niñas

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LAS NIÑAS Y LAS MUJERES DE LAS MINORÍAS RELIGIOSAS siguen siendo víctimas de conversiones y matrimonios forzados en Pakistán, con un número importante de casos que se producen cada año. Ahora, con el apoyo de Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN), la Comisión Católica Nacional de Justicia y Paz (NCJP) de Lahore está luchando para romper el patrón de injusticia con las menores o mujeres que son secuestradas, violadas, convertidas a la fuerza de su fe y casadas con sus secuestradores.

El caso de Anna Chand, denunciado por la NCJP, es un ejemplo brutal. La niña cristiana, de solo tres años, fue cruelmente violada por el marido de la directora de su escuela en Raiwind, Lahore. La escuela, financiada por UNICEF, funcionaba en la casa de Muhammad Saleem, con unos 30 alumnos regulares, y hacía las veces de madrasa por la noche.

“Anna está atravesando una grave angustia psicológica y un continuo estado de sufrimiento emocional, mientras su familia lucha por obtener justicia”, afirma Merab Arif, coordinador de comunicación del NCJP.

Aunque este drama afecta a niñas de todas las comunidades religiosas, las cristianas e hindúes, o las de otras minorías religiosas, son especialmente vulnerables, ya que son objetivo de la conversión forzosa al islam y tienen mucho menos respaldo social y legal.

Pakistán es firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que prohíbe expresamente el matrimonio infantil. También ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que define como niño a toda persona menor de 18 años. El artículo 9 de la CDN protege el derecho de los niños a no ser separados de sus padres contra su voluntad. El artículo 14 de la CDN afirma además que los Estados partes deben respetar el derecho de los niños a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. La Constitución de Pakistán también garantiza la libertad de religión.

“En apariencia, todo está bien, pero lamentablemente, en muchos casos, la familia de una niña se encuentra con una atención policial hostil cuando intenta presentar un ‘Informe de Primera Información’ por el secuestro o la violación”, explica Merab Arif. “La comisaría local suele negarse a registrar las denuncias. Incluso en los casos en que los padres consiguen que se registre la denuncia, la policía no suele rescatar a la niña. Además, antes de recuperar a la niña, se entrega a los padres su certificado de conversión junto con su certificado de matrimonio. Y si el caso llega a los tribunales, también son reacios a proteger a las niñas, supuestamente por la presión de las turbas violentas”.

Por estas razones, y con el apoyo de la ACN, la NJCP está desarrollando un ambicioso programa para salvaguardar a las niñas de las comunidades minoritarias de Pakistán. El programa está haciendo campaña para lograr un cambio real y una legislación más sólida. La NCJP ha presentado ya 15 recomendaciones para que el gobierno de Pakistán tome las medidas adecuadas en la lucha contra la conversión y el matrimonio forzados de niñas y mujeres.

Protestar por los derechos de las minorías

Las recomendaciones incluyen, por ejemplo, la reforma de la policía para mejorar los tiempos de respuesta cuando se alega que se ha producido un secuestro; la formación de la policía para identificar los certificados de matrimonio y conversión fraudulentos; la creación de líneas telefónicas de ayuda para hacer una denuncia fácil y segura; y la asistencia inmediata, incluida la ayuda legal, para las niñas y sus familias; la revisión del proyecto de ley contra las conversiones forzadas, que fue rechazado por el Comité Parlamentario el 13 de octubre de 2021; y la adición de “conversión forzada” al marco jurídico nacional para facilitar la legislación.

“Las niñas de las minorías religiosas corren un alto riesgo de sufrir violencia y abusos sexuales. Y no solo eso, el matrimonio precoz y forzado las priva también de su derecho fundamental a la educación, la salud y la libertad de religión. Las menores necesitan la protección de la ley y el cuidado de sus familias. El gobierno de Pakistán debe tomar todas las medidas necesarias para acabar con el drama de estas niñas”, dijo Arif.

—Maria Lozano