En Venezuela, la marcha hacia un Estado totalitario continúa

LAS NUEVAS MEDIDAS económicas introducidas por el Gobierno venezolano probablemente acrecentarán los problemas económicos del país. Entre otras acciones del Gobierno, la devaluación de la moneda nacional y el fuerte aumento del salario mínimo causarán estragos económicos. Observadores dentro y fuera de la Iglesia católica del país afirman que las medidas están destinadas, en primer lugar, a destruir el sector privado y a hacer que toda la población dependa de la ayuda del Gobierno.

Lo que parece seguro es que las nuevas medidas conducirán a un aumento relevante de la inflación y, en consecuencia, a una mayor pobreza y hambre para la gente humilde. El aumento del 60% del salario mínimo nacional, también anunciado, es tan grande que se teme que muchas empresas y pequeños negocios, que ya están luchando por sobrevivir, se vean obligados a cerrar o a despedir a una gran parte de su fuerza de trabajo.

Carlos Larrazábal, presidente de la Cámara de Comercio de Venezuela, dijo: “Estamos atravesando la crisis económica más grave de nuestra historia, con hiperinflación, una dramática caída de la producción, desempleo, colapso del sector petrolero, destrucción del sector productivo, todo ello debido a la imposición de un modelo económico socialista del siglo XXI”.

El arzobispo José Luis Azuaje, de Maracaibo, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, dijo: “El concepto de represión no significa solamente golpear a un individuo o grupo de personas, sino también privarlas de lo que necesitan, en términos de alimentos, de electricidad, de los servicios públicos necesarios que requiere la dignidad humana básica; … hay elementos empeñados en perturbar la vida pacífica de los ciudadanos, haciendo imposible que trabajen y se ganen el pan de cada día, con el resultado de que las personas se sientan profundamente agredidas en su dignidad humana”.

El obispo emérito de Los Teques, Ramón Ovidio Pérez Morales, presidente del Consejo Nacional Plenario de los Obispos Venezolanos, dijo: “Estas medidas están dirigidas a realizar el proyecto socialista e imponer el modelo comunista, cueste lo que cueste, incluso en términos de sufrimiento del pueblo. Se está destruyendo toda posibilidad de empresa privada y se pretende someter al pueblo mediante el control de sus necesidades más básicas. El sufrimiento de la población importa poco en este fanatismo casi religioso o ideológico, al que se añaden la incompetencia, la corrupción y el miedo a renunciar al poder. Este es un caso de un proyecto dirigido al control totalitario. El éxodo de millones de venezolanos preocuparía a cualquier Gobierno, pero no a este: el éxodo es parte de la lógica del proyecto. Menos gente significa menos oposición”.

El padre Saúl Ron Braasch, de la Comisión de Justicia y Paz de los Obispos Venezolanos está trabajando junto con Cáritas para mitigar los efectos de esta grave crisis humanitaria. Su oficina también está dirigiendo recursos a los 6 Estados venezolanos que han sufrido recientes inundaciones. El Gobierno se niega a declarar una emergencia, exactamente de la misma manera que también se niega a permitir que la ayuda humanitaria internacional entre en el país. El sacerdote dijo: “La Iglesia ha sido muy eficaz en la ayuda a la gente, porque ha ido más allá de la mera vigilancia y evaluación del nivel de desnutrición. También ha entregado la ayuda que ha recibido del exterior. Sin embargo, la Iglesia no puede asumir el papel del Estado, que debería hacer este trabajo. La Iglesia es subsidiaria. ¡El hecho es que la Iglesia misma no está recibiendo la ayuda que debería recibir!”.

—Macky Arenas