Cuba: la mayoría votó a favor del proyecto de una nueva Constitución que es cuestionada por la Iglesia

LA MAYORÍA DE LOS CUBANOS, el 24 de febrero de 2019, votó positivamente en un referéndum que ratificó el proyecto de una nueva Constitución para Cuba, que fue aprobada por la Asamblea Nacional en julio. En varias ocasiones, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) había criticado la ausencia de cláusulas inequívocas que reconocieran el derecho a la libertad religiosa.

La COCC reconoce que la inclusión de la declaración de que “el Estado cubano es un Estado laico” (Artículo 15) sugiere un reconocimiento del “derecho del individuo a creer en aquellos valores que reflejan su fe, a vivirlos y a proclamarlos”. Sin embargo, los obispos han argumentado que esta declaración “contradice el contenido del preámbulo de la Constitución, que incluye una referencia a la exclusividad de la ideología marxista-leninista”. Según el COCC, este lenguaje descarta “cualquier otra posibilidad de lograr la completa realización personal, además [del camino] ofrecido por el socialismo y el comunismo”.

El COCC ha expresado su preocupación por la vaguedad de la redacción elegida para la definición de la libertad religiosa en la Constitución. En su declaración, los obispos escribieron que “la libertad de practicar la religión elegida no comprende solo la libertad de tener creencias religiosas. Implica la libertad del individuo de vivir de acuerdo a sus creencias personales y proclamarlas en público, siempre dentro de los límites de ser respetuoso con los demás”.

Los obispos llamaron la atención sobre la falta de “reconocimiento legal de la Iglesia y su propia identidad y misión”. Esto, según ellos, conduce a la exclusión sistemática de la Iglesia del “acceso a los medios de comunicación, la libertad de doctrina y de evangelización, la construcción de edificios y la adquisición y propiedad de los bienes necesarios para llevar a cabo sus actividades”. Los obispos también han subrayado que el proyecto de la nueva Constitución niega a la Iglesia la “libertad de formar asociaciones, no solo para fines puramente religiosos, sino también para [establecer] la política educativa, [así como] para fines culturales, sanitarios y caritativos”.